EL RECORTE DE LAS SUBVENCIONES AL TERCER SECTOR DURANTE LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19

Con el confinamiento y la llegada de la pandemia provocada por la crisis sanitaria del COVID-19, ha tenido lugar en nuestro país tanto en el Estado central como en las Comunidades Autónomas (CCAA) una serie de nuevas normativas y reglamentaciones abundantes y prolijas que además de  declarar el Estado de Alarma por un periodo considerable de tiempo, han supuesto una merma en la cuantía de las subvenciones sociosanitarias a la discapacidad, haciendo todavía más invisible, si cabe, a un gran colectivo en España que sufre de la dependencia, minusvalía, discapacidad física, intelectual, física o mental, o de la incapacidad.

El modus vivendi de las familias durante todo este tiempo iniciado a  primeros de marzo del año en curso, desde que se declaró la pandemia en nuestro país, ha variado sensiblemente. Al no poder en los primeros meses salir fuera de casa salvo para casos excepcionales o para ir al trabajo, la convivencia entre las familias en general se ha visto intensificada.

El legislador ha sido sensible con esta circunstancia en materia de violencia de género o doméstica, que se ha visto incrementada notablemente por el hecho enunciado en el párrafo anterior. Así, dictó el real decreto ley 12/2020, de 31 de marzo, por el cual se concedía un crédito financiario a las CCAA en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

Sin embargo, en materia de discapacidad, con un colectivo al menos igual de vulnerable, si no más, donde las familias han tenido que soportar y ver el cierre de centro asistenciales de fines de semana donde llevaban a sus familiares, lejos de no conceder ningún crédito adicional, se ha llevado a cabo una normativa restrictiva de derechos hacia el discapacitado y sus familiares.

Sin pretender comentar toda la legislación que se ha dictado por el Estado central y por las CCAA en esta crisis sanitaria, pues sería un trabajo que escaparía del cometido de este trabajo, sí daremos algunas pinceladas que pondrán de manifiesto a dónde ha ido la línea de actuación del Estado y de las CCAA. Dejo sentado como premisa que el Estado central regula la materia en su parte básica y luego las CCAA lo desarrollan por tener trasferidas las competencias en la materia de que se trate.

El Estado Central ha tomado medidas urgentes para el empleo, con la llegada de los ERTEs, igualmente lo ha hecho por ejemplo la comunidad autónoma de Extremadura.

Andalucía aprobó ayudas a las escuelas-hogar y a centros de primer ciclo de educación infantil, y a los inmigrantes entre otros colectivos, pero ni una palabra a favor de la discapacidad en su normativa sociosanitaria en sentido favorable a sus intereses. Únicamente encontramos un decreto ley 3/2020, en cuyo capítulo V se habla de medidas de emergencia social cuando el dependiente caiga en situación de desamparo, pudiendo acudir a centros residenciales públicos y privados, centros de servicios sociales y entidades de voluntariado. Pero esto, más que tratarse de una subvención, es un recurso.

El Estado central también ha sido sensible ya antes del confinamiento al hecho de que la crisis sanitaria se ha manifestado con especial gravedad en el sector de la vivienda fomentándose el alquiler y la rehabilitación de viviendas, lo que ha sido seguido por las CCAA. Así, se aprobó un programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad según real decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regulaba el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Pero en este caso tampoco estamos hablando de subvención sino de ayuda económica para el pago de alquiler o rehabilitación de vivienda.

Es cierto que el Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo dice que la crisis sanitaria debe estar orientada a la toma de medidas para proteger el empleo, ayudar a los más vulnerables y mantener el tejido productivo, estableciendo la suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y prorrogando de forma extraordinaria los contratos de alquiler. Con estas medidas, una persona con discapacidad y que cuente con escasos recursos, situación que se da con frecuencia desafortunadamente, en la realidad, se puede ver beneficiado de estas medidas, pero repetimos no son subvenciones, son ayudas económicas, en las que no se tiene en cuenta más que el puro criterio económico del discapacitado o dependiente y no el resto de circunstancias por las que pueden estar pasando. Falta un verdadero calado social y sanitario como interés tanto en el Estado como en las CCAA a la hora de regular medidas que afecten a la discapacidad.

A lo más que se llega es a aumentar la ayuda a la discapacidad en función del deterioro mayor o menor del discapacitado, pero siempre tratado como un número económico de ayuda pecuniaria.

A medida que fuimos pasando las distintas fases del confinamiento, el legislador estatal continuó dando prioridad a las políticas económicas y de empleo dictando el real decreto ley 25/2020 de 3 de julio.

La ley 2/2020 de 27 de julio de la CCAA de la Región de Murcia, expresa que se cederá la propiedad de una vivienda a los titulares de un contrato de alquiler durante 10 años o más que no adeuden pagos a una serie de beneficiarios, entre ellos las familias con una o más personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. Tampoco esto es una subvención, es una ayuda.

En cuanto a los centros residenciales, todas las CCAA y el Estado central han regulado sobre las mismas. Así el decreto ley 5/2020 de 18 de junio de Castilla León suprimió las salidas de los residentes en un primer momento por su especial vulnerabilidad. Con la nueva normalidad, fue necesario adoptar medidas extraordinarias en el ámbito de los servicios sociales en esa CCAA en tanto en cuanto existiera un peligro de rebrote. Entre las medidas a adoptar destacaron que los centros de atención social de carácter residencial debían contar con un plan específico de contingencias.

El ingreso mínimo vital aprobado el 1 de junio de 2020 por el Estado central habla también de vulnerabilidad económica.

Además de por diversos motivos, no llegan a 80.000 personas a día de hoy las que lo han cobrado todavía. Diremos que es evidente que la escasez de recursos nos lleva a la pobreza y a la exclusión social, pero esto ocurre a personas con y sin discapacidad; el no añadir la condición de discapacitado como elemento preferente como un grado a tener más en cuenta al igual que se ha hecho por ejemplo como hemos visto para las residencias, o para la vivienda, nos parece desafortunado. De todas maneras este ingreso tampoco es una subvención, es una prestación económica. Por eso quizá no se tuvo en cuenta en especial esta circunstancia.

En definitiva, la línea de actuación del Estado central y detrás de él, las de las CCAA durante la crisis sanitaria del COVID-19, ha sido que ante ésta había que establecer unas prioridades en defecto de otras. El empleo, la ayuda al alquiler de viviendas, el turismo, la ayuda a los autónomos, el apoyo al tejido productivo, los transportes, y la violencia de género han sido los grandes beneficiados por esta pandemia.

Para los discapacitados se han mantenido las ayudas económicas o prestaciones económicas directas que se venían aplicando por el Estado y las CCAA anteriormente a la crisis sanitaria, como el bono social para el gas y la electricidad, o la ayuda de 1.200 euros en el IRPF al cuidador. Hubiera sido de extrema gravedad, dada la situación económica en la que se suelen encontrar los discapacitados y sus familiares, que el gobierno central o regional hubieran eliminado alguna de estas ayudas directas. Tampoco es menos cierto que la lentitud ha sido la tónica general durante las diversas fases del confinamiento y por ello las ayudas para el ciudadano en general han llegado tarde, como ha ocurrido con el ingreso mínimo vital, y algunas veces mal, como ocurrió en las primeras fases del confinamiento durante las cuales la terapia grupal e individual y con familiares se limitó a realizarse telefónicamente. Sin desconocer que en esas primeras fases todo estaba por descubrir y que se prefirieron adoptar medidas de contención y de prevención sociosanitarias, no podemos obviar tampoco las repercusiones que ello tuvo para las personas con discapacidad de todo tipo y sus familiares.

El deterioro físico y psíquico de los usuarios de asociaciones que trabajan en la discapacidad o ONG, que también las hay, cayó en picado. Cerrado el centro de aquel o este barrio en las primeras fases a cal y canto, estos centros asistenciales en los que el usuario podía recibir terapia, realizar diversos talleres de poesía, cocina, manualidades, internet, y lo que es más importante, interrelacionarse con sus iguales, los discapacitados comenzaron a caer en una mayor dosis de descompensación, con mayor virulencia que para la población en general que también estaba pasando por lo suyo.

Porque no debemos olvidar, una prestación económica ayuda pero no evita una descompensación, ésta se ataja con ayudas sociales, pedagógicas y educativas que saben perfectamente que necesita el día de hoy tal o cual usuario del centro porque ya lo conocen a base de estar con ellos a diario en la lucha por su recuperación funcional e integral.

La mayoría de la gente con discapacidad optó cuando ya se podía salir fuera del hogar a permanecer en casa, cogiendo peso, y si salían lo hacían deambulando sin un destino donde ir.

Pues bien, cuando ha llegado la hora de la concesión de las subvenciones del tercer sector (discapacidad, inmigración, violencia de generación, etc.) la cuerda se ha vuelto a romper con la parte más débil, por los más vulnerables.

Centrándome en la CCAA de Asturias, que es donde resido y que sirve como modelo para el resto del mapa en España, según CERMI:

“Lejos de incrementarse el apoyo a las entidades sociales se reduce o extingue la ayuda.  Ello va a suponer una merma en nuestra capacidad de atender a las personas cuando más lo necesitan, situación que nos resulta totalmente incomprensible. En conclusión, se debilita al sector solidario, justo cuando se encuentra al borde del colapso intentando atajar el impacto social de la pandemia y cuando hemos demostrado que es más esencial que nunca.

Para las Entidades que componemos la Mesa del Tercer Sector en el Principado de Asturias: Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-AS), Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Principado de Asturias),  Plataforma del Voluntariado del Principado de Asturias y las organizaciones singulares: Caritas Asturias, Cruz Roja Española  y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE); nos ha sorprendido con estupor y generado gran intranquilidad el anuncio del Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de que se supriman las convocatorias de subvenciones para este año de 5 líneas prioritarias de intervención de las ONGS en nuestra Comunidad Autónoma. El recorte previsto supone, en el año de la crisis social, sanitaria y económica COVID-19, una reducción de 790.847,92 euros en proyectos sociales desarrollados en Asturias. Esto afectaría de manera directa a 301proyectos de intervención en ámbitos como la inclusión social, la intervención con menores, la actividad colectiva de mayores, la intervención en el ámbito de la discapacidad y la acción voluntaria, desarrollados por 156 entidades que actuamos en el Principado de Asturias.”

La falta de sensibilidad social en un momento crítico para los más vulnerables se nos hace insoportable. Todavía quedaba una oportunidad de rectificación por el gobierno regional al que, con el debido respeto, le exhortábamos a un cambio de actitud y a que no viera al discapacitado y su familiar como un mero número económico.

Así, el pasado 2 de septiembre de 2020, con este ambiente tan caldeado, tuvo lugar una gran manifestación pacífica durante la cual los miembros del Tercer Sector, todos unidos y sin fisuras entre ellos, haciendo una piña, nos manifestamos por las calles de la ciudad de Oviedo, yendo al gobierno regional y a la consejería de bienestar social. Nos hicimos ver, eran las pocas veces en que no pasábamos como entes y personas invisibles de caras a los políticos que representan a la soberanía nacional.

Fruto de esta presión, y porque teníamos de nuestro lado el sentido común, el periódico El Comerci, en fecha 16 de septiembre de 2020, publicaba que en la reunión mantenida en el día de ayer, los representantes del Tercer Sector observaron un cambio de actitud total de la Consejería con el que se llegó a un acuerdo total.

Representantes de la Mesa del Tercer Sector del Principado de Asturias, encabezados por su presidente Víctor García Ordaz mantuvieron en la tarde de ayer una reunión con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social, Melania Álvarez en la que también estuvieron Joaquín Monteagudo, director general de Servicios Sociales y Mayores, y Jimena Pascual, directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social.

En la reunión, el Principado se compromete a anunciar en los próximos días una nueva convocatoria de ayudas que superarán los 900.000 euros, correspondiendo a la discapacidad la cantidad de 168.825 euros.

También la consejera se comprometió a conceder una partida para financiar materiales de protección frente a la COVID-19.

Finalmente, también se concretó la celebración de reuniones quincenales con representantes de los diferentes colectivos del Tercer Sector con el fin de hacer un seguimiento de la estrategia Horizonte Asturias Social 2020-2025, la ley de acción concertada, concretar la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2021 y todos aquellos cambios normativos previstos para la gestión de dependencia y el salario social.

Parece por lo tanto que el recorte no se va a producir, pero lamentablemente para lograrlo ha tenido que haber unas acciones reivindicatorias persistentes en algo que caía de cajón que fuera concedido por iniciativa propia del Principado. Esperemos que esta situación tan lamentable no se repita de nuevo.

Enhorabuena a todos los miembros del Tercer Sector.

Pilar Torres, integrante del Comité Pro Salud Mental de Asturias